Las razones por las que las fuerzas armadas han adoptado tal variedad de funciones son tan complejas como arraigadas en la complicada realidad socio-económico-política de estos países. La falta de instituciones políticas efectivas, una sociedad rígidamente estratificada en su economía, la presencia de una gran población marginada y una inherente dualidad económica de regiones dentro del país son algunos de los factores que contribuyen a explicar la tendencia de las fuerzas armadas a intervenir en la política. Estas razones se han visto complementadas con la existencia de un ejército altamente politizado que se ha autodenominado el salvador providencial de todas las crisis que puedan afectar al país.

Sin embargo, en los últimos veinte o treinta años, la realidad socio-política-económica de América Latina ha sufrido una metamorfosis. Se han desarrollado instituciones políticas efectivas, la organización social ha cambiado, la participación política de las masas se ha incrementado, la estructura de la clase económica se han vuelto relativamente más abierta y los militares se han vuelto más profesionales. Como consecuencia de todo esto, los papeles que tradicionalmente han representado los militares en América Latina están cambiando. Con movimiento pendular hacia la democracia, a partir de los años 70 las fuerzas armadas han vuelto a las barracas. Una vez cedidas sus funciones políticas a las instituciones civiles están encontrando novedosas actividades en qué ocuparse. El objetivo de este estudio es examinar el cambiante papel de las fuerzas armadas en el contexto de una profunda y continua transformación de la economía y política latinoamericana.

El papel tradicional de los militares en la política latinoamericana
Históricamente hablando, los militares han participado activamente en la política de América Latina desde el descubrimiento del Nuevo Mundo. Durante la subsecuente conquista, los conquistadores combatieron contra los indios americanos, y posteriormente se establecieron, no como simples soldados, sino como la realeza y aristocracia blandiendo considerable influencia económica y poder político. Podemos ver cómo, desde un inicio, América Latina omitió establecer claramente la separación de los poderes civiles y militares. Esta situación se agravó durante y después de las guerras de independencia en los albores del Siglo XIX. Los ejércitos nacionales desempeñaron un papel preponderante en las luchas independentistas. Luego, cuando prevalece un periodo de caos y descontento social en las incipientes naciones, los militares emergen como la única institución lo suficientemente fuerte y con algún grado de legitimidad como para mantener aglutinada a la nación. Las instituciones políticas en manos de los civiles estaban limitadas en su alcance y confinadas a zonas urbanas.

Es por ello que casi toda la región de la América Hispana vivió un vacío político e institucional al desaparecer la administración colonial. Fue un periodo que se caracterizó por la aparición de líderes locales, frecuentes guerras civiles y una rápida sucesión de golpes militares. Estas circunstancias, entre otras, contribuyeron a la emergencia de caudillos, hombres poderosos que disponían de sus propios grupos armados para asegurar la estabilidad y el orden.

Gradualmente, en la medida que las incipientes instituciones políticas comienzan a emerger con fuerte participación de la oligarquía, las fuerzas armadas se convierten en instrumentos para imponer su autoridad sobre una sociedad económicamente débil y fuertemente marginada políticamente que aun no ha experimentado el surgimiento de una clase media. En ese momento los militares se convierten en uno de los instrumentos de las clases dominantes para imponer el orden durante los tiempos de crisis. A través de todo el Siglo XIX los militares se identifican con la élite terrateniente y son en gran medida defensores del status quo. Esta tradición se mantiene vigente en la mayoría de los países de América Latina hasta la Segunda Guerra Mundial. De hecho, llegada la guerra, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y otros países estaban presididos por generales conservadores; y los regímenes civiles en Argentina, Panamá y Haití se sostenían en el poder con el respaldo de los militares. Cabe agregar que después de la Guerra, los militares de algunas naciones se transforman en "anfitriones de cambio y reforma, es decir, en opositores de las instituciones tradicionales y en proponentes y defensores de las nuevas medidas de bienestar social".

El cambio de actitud, de defensores del status quo a propulsores de la modernización y el desarrollo se da realmente en respuesta a la necesitad impuesta por las exigencias de la época. La Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y la subsiguiente Guerra Fría, junto con el impacto ideológico del Socialismo y el Comunismo rompieron con el viejo orden de cosas. A medida que las penalidades sufridas por la clase media y baja se intensificaban, el estrés y la tensión creaban las condiciones adecuadas para rebelarse contra el viejo orden social.

Cabe agregar que los militares, que en su mayoría eran jóvenes oficiales de clase media, se "sentían inquietos de pertenecer a unas fuerzas armadas estáticas que ofrecían poca oportunidad de cambio y promoción". Por consiguiente, buscan el respaldo de los civiles urbanos de clase media con la esperanza de reformar el carácter de la política latinoamericana. La primera de tales revueltas tuvo lugar en Argentina en junio de 1943 cuando el Grupo de Oficiales Unidos (GOU) derroca el régimen tradicionalista. Bolivia imita el ejemplo de Argentina en diciembre del mismo año cuando algunos jóvenes oficiales idealistas conducen a los proletarios contra la oligarquía nacional. De allí en adelante, situaciones similares se suceden por toda América Latina: en el Ecuador en mayo de 1944, en Guatemala en octubre de 1944, en Venezuela en 1945, en El Salvador, en 1948 y así sucesivamente. Sin embargo, a los pocos años de estos regímenes pro-reformistas, las fuerzas armadas adoptan otro papel decisivo. En esta ocasión, al fomentar la oligarquía o clase media, les toca ponerle un alto a las revoluciones de tendencia izquierdista. Así vemos cómo los militares intervienen para sofocar el espíritu revolucionario que ellos mismos habían contribuido a crear unos pocos años antes. Entre 1947 y 1959, cada uno de estos regímenes militares reformistas es derrocado por oficiales de un ejército conservador o por jóvenes cuyo celo reformista se había desvanecido ante los vientos del movimiento laboral de extrema izquierda. Habiendo invertido la tendencia, los militares se alejan de la escena política de manera que para principios de los años 60, solamente tres países en América Latina tienen presidentes militares. No obstante, no han transcurrido diez años cuando los militares están de nuevo en el poder en algunos de los países más grandes de la región, a saber: Argentina, Brasil y Chile, bajo el pretexto de salvar a la nación de los excesos de las tensiones sociales emanantes de las demandas laborales de los reformistas-extremistas. La institucionalización de nuevas formas de acumulación de riqueza, junto con el desarrollo capitalista, conduce al surgimiento de nuevos protagonistas económicos y políticos que naturalmente implican cambios en las estructuras de clases y relaciones sociales prevalecientes. De ahí que el estado se vea atrapado entre ser el instrumento de las clases sociales dominantes para consolidar una forma de acumulación de riquezas y la herramienta de las clases sociales de movimiento ascendente que exigen una mayor participación en la formulación de las políticas económicas del gobierno. Esto da lugar a una intensificación de las contradicciones sociales que producen una desorganización del estrato social, la aparición de conflictos industriales y el surgimiento de fuerzas radicales anticonservadoras. A fin de hacerle frente a esta multiplicidad de amenazas y poder reconstruir la derrumbante estructura sociopolítica, los militares entran en escena. Con la debida jerarquía, disciplina y estructura, los militares son, de hecho, considerados los más capaces para garantizar el orden público y la seguridad nacional.

Hay que admitir, sin embargo, que los militares fracasaron en su comprometida misión por un sinnúmero de razones, cuyo análisis excede el alcance de este documento. Esto se comprobó cuando, desacreditados en casi toda la región, nuevamente se repliegan a las barracas y comienza una nueva ola de redemocratización en América Latina. Desde entonces, la democracia ha predominado y el activismo militar ha declinado de manera notable en la región.

Las características de las nuevas fuerzas armadas
La principal función de cualquier militar, de conformidad con la Constitución y la Ley, es defender a la nación de cualquier agresión externa y ayudar al gobierno a preservar el orden interno. Los ejércitos latinoamericanos, en términos generales, no confrontan ninguna amenaza externa. En este siglo, son contadas con la mano las guerras regionales en que han tenido que participar: entre Paraguay y Bolivia en 1932, diez años más tarde un conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador y más recientemente en 1995, y una guerra en que el Reino Unido y Argentina se disputaron la propiedad de las Islas Malvinas (Falkland Islands) en 1982. Aparte de éstas, los países se han visto libres de injerencia militares externas. Es válido entonces afirmar que los ejércitos de América Latina no tienen una verdadera misión de guerra que cumplir. Gracias a esto, los ejércitos en América Latina se han convertido, tal como señala Davis "... en algo más que fuerzas policiales bien armadas, cuya principal tarea es preservar el orden." Por esto los ejércitos con frecuencia han actuado como el brazo político del estado.

Ante la creciente participación de los civiles en la actividad política de América Latina, el ejercito se ha retraído de la esfera política, dejando en manos de las organizaciones políticas civiles la tarea de gobernar. En este escenario, el ejército ha sentido no sólo una pérdida de poder y posición, sino también falta de justificación para su razón de ser. Esto parece ser un duro golpe a su tradicional status de alto protagonismo y un reconocimiento de su limitada participación. Quizá para compensar esta pérdida, los militares de la región han comenzado a ocuparse en muchas otras actividades.

Antes de pasar a analizar en qué consisten estos nuevos papeles que los militares latinoamericanos han asumido, sería pertinente examinar las características más sobresalientes de los militares de la región en la actualidad. Es más, el meollo del asunto del papel fundamental que desempeñan los militares está en el grado de subordinación al Presidente y a la Constitución que estén dispuestos a aceptar. Los que apoyan las reformas militares defienden la postura de que dicha subordinación garantiza la seguridad de futuros gobiernos democráticos al ponerle fin, de una vez por todas, a los golpes de estado. En este contexto, el hecho más notable ahora es la aceptación de la autoridad civil por parte de los militares. Según la Constitución de todas las naciones, las fuerzas armadas deben subordinarse al estado. Pero, hasta ahora, esta realidad ha sido ignorada o pasada por alto por los militares cuando asumen las riendas del gobierno. Sin embargo, ahora, con la vuelta a la democracia y con un renovado respeto por la Constitución, los militares se han sometido a esta disposición estatutaria. Por consiguiente, han aceptado confinarse al papel que les prescribe la Constitución. El General Martín Balza, jefe de Estado del Ejército Argentino expresa un sentimiento ampliamente difundido cuando dice: "Debemos respetar la autoridad constitucional; los golpes de estado y la guerra con cosas del pasado."

La segunda característica notable de los militares latinoamericanos es que cada Arma está pasando por un proceso masivo de reestructuración. En este contexto, uno podría citar el ejemplo de Argentina, y esta es una realidad para casi todos los países de la región. El Ejército ha reducido el número de oficiales activos, incluso el número de generales. En 1983 habían 6,000 oficiales y 70 generales y para 1996 el número de oficiales se había reducido a 5,200 y los generales a 33. En los próximos cinco años, la Fuerza Aérea Argentina planea reducir su número de efectivos en un esfuerzo por invertir la tendencia por la cual la partida de salarios era seis veces mayor que la partida destinada a la modernización de equipo y operaciones. De su presupuesto anual de US$500 millones, solamente US$75 millones están destinados a operaciones, adquisición de equipo y mantenimiento. El monto restante está destinado a los salarios de los 23,000 aviadores y civiles de la Fuerza Aérea. La reestructuración que se contempla prevé reducir a la mitad el número de brigadas, con una consecuente reducción del número de desplazamientos y afinando el proceso de reclutamiento.

En tercer lugar, los militares latinoamericanos, al igual que sus colegas en otros países, tienen que afrontar una reducción significativa en el presupuesto de la defensa. Las cifras que se conocen destacan esta tendencia. América Latina gastó un total de US$19,000 millones en mantener sus ejércitos en 1985 y en los siguientes 10 años ha agregado US$1,000 millones más a esa suma cada año." Sin embargo, también se ha visto reducida la cifra de dinero que ha entrado a la región en concepto de seguridad. El continente recibía en 1986 más de US$1,000 millones en concepto de Financiamiento Militar Externo (FMF) y US$147 millones en Adiestramiento y Educación Militar Internacional (IMET) de los Estados Unidos. Pero para 1990 el FMF de los Estados Unidos se redujo a US$11.5 millones y el IMET a US$4 millones. En 1997 estas cifras se vieron recortadas aún más, reduciéndose el FMF a tan solo US$18 millones y el IMET a US$2.5 millones." Los fondos propios tampoco son fáciles de conseguir y los presupuestos para la defensa han sufrido recortes de hasta 90% en la última década.

Cabe agregar que otra importante característica de las fuerzas armadas latinoamericanas es su firme determinación de adquirir un modesto inventario de equipo moderno, particularmente ligero, que pueda asegurarles una ventaja táctica y una movilidad estratégica determinante. En vista de la escasez de recursos financieros, este esfuerzo se concentra en la obtención de productos de defensa que puedan brindarles varios beneficios simultáneamente, tanto para hacerle frente a las amenazas externas como a problemas internos de insurrección. El anhelo es crear una fuerza militar "rápida, actualizada, flexible y versátil" que tenga buena capacidad de proyección y que sea capaz de movilidad táctica y estratégica."

Y por último, las fuerzas armadas en América Latina han comenzado a participar de lleno en maniobras militares conjuntas con miras a obtener beneficios a través de la cooperación. En 1997, el Hemisferio Occidental y la región del Atlántico Sur auspició tres grandes maniobras militares: Operación ALTASUR, entre África del Sur, Brasil, Argentina y Uruguay; la maniobra Fuerzas Unidas, en la que participó Estados Unidos con cuatro de los países del Mercosur (los países del Cono Sur que conforman el Mercado Común de América del Sur), Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y Operación Crucero del Sur entre Argentina, Brasil, y Uruguay. Además de estas maniobras multinacionales, varias naciones participaron en maniobras militares bilaterales. Por ejemplo, Argentina y Brasil cooperaron para mejorar los niveles de adiestramiento de sus Armadas. En 1995 la Armada Argentina aterrizó sus aeronaves de caza antisubmarina S-2 Tracker, sus Super cazas Etendard y sus helicópteros Sikorsky en los portaaviones brasileños. Los portaaviones argentinos han estado fuera de servicio desde finales de 1980 por falta de fondos para modernizar su sistema de propulsión. Por otro lado, Brasil tiene los portaaviones pero carece de aviones caza de ala fija para despegar desde los portaaviones. Por lo tanto, ambas armadas obtuvieron beneficios de dichas maniobras militares conjuntas.

Como consecuencia de dichas maniobras militares conjuntas, en 1997 también se dieron conversaciones sobre la posibilidad de suscribir un convenio de defensa bajo el paraguas protector del Mercosur, el mercado común suramericano. Hasta cierto punto, este concepto tiene sus raíces en el incremento recíproco en la actividad comercial como resultado del Mercosur y a otros convenios económicos subregionales que han propiciado un sentido de confianza mutua. Con la palpable mayor integración económica y concomitante mayor interdependencia, hasta las fuerzas armadas se han liberado de sus inhibiciones a fin de participar conjuntamente en maniobras militares y sacar provechos así de las experiencias compartidas.

Los papeles que representan actualmente los militares de América Latina
Defender los confines nacionales de invasiones externas y la seguridad de la población de cualesquiera amenazas internas han sido los papeles protagónicos de cualquier grupo militar. Aparte de estos, los militares latinoamericanos con frecuencia se han visto involucrados en actividades de socorro y en combatir el crimen organizado, brindando apoyo logístico a las campañas antidrogas y participando en misiones de conservación de la paz. Esto se analiza en los siguientes párrafos.

La participación de los militares en las crisis internas
La defensa de la seguridad interna del estado cae dentro de la gama de deberes de los militares. Por ejemplo, las fuerzas armadas Mexicanas ayudaron a sofocar la rebelión en el sureño estado de Chiapas. En asunto de horas luego de iniciada la revuelta, cuadrillas de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana comenzaron a movilizar tropas y abastos al área y a lanzar ataques aéreos mientras el Ejercito acordonaba el área. En tanto que en Guatemala se puede ver a los militares representando un papel diferente. El Ejército forma parte de la delegación gubernamental ante las Naciones Unidas para las conversaciones de paz con los líderes de la guerrilla de la URNG (Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca). Los objetivos y planes de los militares ahora también comprende tener que lidiar con la delincuencia y el crimen organizado, especialmente en lo que concierne a la proliferación de armas, el tráfico de estupefacientes, la inmigración ilegal y el control de zonas en las grandes ciudades donde el dominio y los servicios gubernamentales se han erosionado. El crimen y la violencia han aumentado en algunos países latinoamericanos como resultado de las difíciles circunstancias económicas que vive la población, el alto grado de desocupación y el resquebrajamiento de las instituciones políticas, legislativas y judiciales que se perciben como ineficientes y corruptas. La inhabilidad de la policía para lidiar con la alta criminalidad ha obligados a países como Brasil, El Salvador, Guatemala y México a utilizar provisionalmente sus ejércitos para dominar la situación.

Un claro ejemplo de este papel protagónico de los militares lo vemos en la Operación Río que condujo el Ejército de Brasil del 31 de octubre de 1994 al 31 de enero de 1995. Las fuerzas armadas fueron llamadas a brindar apoyo a las autoridades civiles para restaurar el orden público en Río de Janeiro a fin de que el gobierno pudiera reestablecer el dominio y los servicios. La operación era un experimento para determinar cómo podían las fuerzas armadas en ambientes urbanos apoyar a las fuerzas civiles. Durante los tres años anteriores a la operación, la violencia urbana, caracterizada por los asaltos a los bancos, los conflictos armados entre bandas de narcotraficantes y los atracos en las calles habían creado un clima de inseguridad aterrador. El clamor público contra la inhabilidad gubernamental para mantener el orden obligó al gobierno federal a ordenar la actuación de las fuerzas armadas. Este es, por lo tanto, un nuevo papel que deben representar los militares. Es más, Ralph Peters hasta ha dicho que "una fuerza militar que no esté preparada para hacerle frente a situaciones urbanas, cualesquiera que éstas sean, no está preparada para hacerle frente al futuro. En Colombia las fuerzas armadas fueron desplazadas en octubre de 1997 para garantizar la libre y segura realización de elecciones municipales a nivel nacional. El presidente Samper ordenó la movilización de 20,000 hombres, con prioridad al campo, donde los rebeldes controlaban grandes extensiones de territorio, para garantizar la seguridad de los votantes. En otra novedosa actuación, en Guatemala el presidente Arzú autorizó al Ejército de Guatemala a colocar destacamentos a lo largo de la frontera con México y Belice para prevenir la incursión de "eco-terroristas" a los bosques tropicales de Guatemala.

El papel protagónico de los militares en las operaciones antidrogas
En aquellas naciones afectadas por el tráfico de estupefacientes y otros crímenes afines, los militares se han visto involucrados activamente en operaciones antidrogas dirigidas por el gobierno. Es más, el papel que han representado los militares en este campo se ha visto crecer en importancia considerablemente en estos días. Lo que para los militares originalmente comprendía solamente erradicar los cultivos e interceptar embarques de estupefacientes, ahora implica participar en las actividades para prevenir la violencia generada por el crimen organizado que surge del tráfico ilegal de estupefacientes, químicos y armas.

La Fuerza Aérea Mexicana ha organizado el Décimo Grupo Aéreo con la particular misión de conducir operaciones antidrogas. Esta drástica medida se adoptó a raíz del reconocimiento del lastimoso hecho de que grandes sumas de dinero se movilizan en estas actividades. La revista The journal of Latin Trade señaló en su edición de septiembre de 1997 que según los cálculos de las autoridades estadounidenses y mexicanas, a través del sistema financiero mexicano se lava por lo menos US$15,000 millones al año. Esta cifra equivale a 4.6 por ciento del Producto Bruto Nacional (GNP). El problema se complica todavía más por la vulnerabilidad del país ante la presión de los Estados Unidos por esta situación. El gobierno de los Estados Unidos siempre ha sostenido que los gobiernos de naciones infestadas con problemas de estupefacientes están en la obligación de adoptar medidas drásticas contra los carteles de la droga. Hay que señalar que el gobierno de los Estados Unidos periódicamente certifica a las naciones que han sido eficaces en su lucha contra el tráfico de drogas y, en consecuencia, determina la clase y el grado de ayuda financiera y otros beneficios a que esos países pueden ser acreedores por parte de los Estados Unidos.

Colombia es otro país atrapado en el conflicto de las drogas. A raíz de la pérdida de la ayuda financiera recibida de la antigua Unión Soviética y Cuba, el movimiento izquierdista liderado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han vuelto la mirada a la producción y comercialización de la cocaína y la heroína como fuente de financiamiento. Desde el año pasado cuando el petróleo sustituyó al café como el producto de exportación número uno, los grupos rebeldes han redoblado sus ataques contra la industria petrolera nacional. Un estimado de los daños causados por la insurgencia a la economía colombiana, incluso el costo de los daños causados por la violencia, la defensa directa, la pérdida de negocios y vidas, alcanzan la cifra de US$1,500 millones por año. En situaciones como éstas, la participación de los militares colombianos en las operaciones antidrogas es inevitable.

De hecho, el tráfico de estupefacientes y sus consecuencias en Colombia también ha llevado a otras naciones a solicitar maniobras militares conjuntas contra los carteles de la droga. Temerosos de que el problema traspase sus fronteras, los países vecinos de Ecuador, Panamá y Venezuela han sugerido un plan concertado conjunto para hacerle frente a la situación. Un senador venezolano, quien es también Presidente del Comité de Defensa del Senado, ha propuesto el establecimiento de un Consejo Interamericano Cooperación y Seguridad Regional. Al describirlo como un problema de "seguridad y defensa hemisférico", él exige rápida adopción de medidas antes de que el dramático crecimiento del tráfico de estupefacientes ponga en peligro la "paz entre las naciones, la seguridad y la estabilidad de la democracia en el hemisferio. 

La participación en las misiones de conservación de la paz de las Naciones Unidas 
Una perceptible tendencia en América Latina en el curso de los últimos años es la creciente participación de los militares en las misiones de conservación de la paz auspiciadas por las Naciones Unidas. Esto no significa que no participaran en dichas misiones con anterioridad. Algunas naciones de la región, sobre todo Argentina y Brasil, han participado en dichas misiones, pero la frecuencia y la intensidad de dicha participación se ha visto definitivamente incrementada ahora. Por ejemplo, Argentina ha aumentado significativamente el nivel de su fuerza de conservación de la paz en las Naciones Unidas y para 1997 ya había participado en 27 de las 43 misiones de paz auspiciadas por las Naciones Unidas. Por otro lado, Chile que nunca antes había enviado a sus soldados a un conflicto internacional, también ha dado pasos sin precedentes en esta dirección al enviar a un grupo de oficiales del ejército a adiestrarse al Centro Conjunto de Adiestramiento para Operaciones de Conservación de la Paz de Argentina (CAECOPAZ) antes de unirse a la misión de conservación de la paz de las Naciones Unidas en Chipre. La explicación probable de este destacado esfuerzo de participación es que estas operaciones están siendo consideradas como medios viables para ganar respeto internacional y a la vez darse a conocer. La importancia de esta participación se puede medir a partir del hecho que cuando el presidente Clinton visitó Argentina en octubre de 1997, su contraparte el presidente Carlos Saúl

Menem se refirió a los militares argentinos como "los herederos del General San Martín que ahora tienen otra misión. Soldados que están preparándose no sólo para el combate, sino particularmente para las misiones de conservación de la paz." Ha sido política consecuente del presidente Menem enviar miembros del ejército argentino a todas las misiones de paz de las Naciones Unidas en todo el orbe a manera de obtener el reconocimiento de todas las naciones del mundo políticamente influyentes como uno más del grupo. Esta motivación ha sido explícitamente manifestada por el Crnl. Fernando Isturiz, Director del CAECOPAZ. Según él, "La idea principal (de participar en misiones de conservación de la paz), desde el punto de vista político, es destacar a la Argentina, es dejarle saber al mundo sobre Argentina."

El compromiso de la Argentina con estas actividades se puede medir a partir del hecho que el centro CAECOPAZ, se ha edificado en el campo en Campo de Mayo. Fue fundado en 1995 con el fin de mejorar el adiestramiento en materia de conservación de la paz para todos los servicios militares y todos los países. El Centro brinda adiestramiento a 1,000 estudiantes al año, mediante cursos de 2- 4 semanas de duración y programas de adiestramiento en el campo para familiarizarlos con los procedimientos de las Naciones Unidas. Se pone especial énfasis a temas como patrullare aéreo, operaciones psicológicas, identificación de minas, procedimientos de aprehensión, leyes internacionales de derechos humanos y destrezas de negociación. Soldados de otros países del hemisferio, incluso Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala y hasta los Estados Unidos han comenzado a acudir a este Centro para capacitarse. Últimamente, algunos oficiales de asuntos internacionales y periodistas han comenzado a recibir adiestramiento sobre los que deben esperar cuando trabajan en zonas donde hay Cascos Azules desplazados